Partidos Políticos

El texto original del artículo 31.5 bis del Código Penal, introducido por la LO 5/2010, de 22 de junio, excluía expresamente a partidos políticos y sindicatos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que tipificaba el Código Penal por motivo, precisamente, de tal reforma.

En el año 2012, la reforma operada por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, eliminó dicha exclusión, por lo que los partidos políticos y sindicatos pueden ser, desde entonces, sujetos penalmente responsables.

En esta misma línea, la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha incorporado el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Así, el nuevo artículo 304 bis del Código Penal castiga al que «reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores» con infracción de las disposiciones de la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos. Las penas oscilan entre la pena de multa y la pena de prisión y multa según la concreta infracción prevista en la legislación sectorial a la que se remite el Código Penal.

En virtud del apartado cuarto del mismo precepto, las mismas penas se impondrán, respectivamente, a quien entregue donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos previstos en los apartados primero o segundo del artículo 304 bis del Código Penal.

El apartado quinto del precepto objeto de estudio establece ex artículo 31 bis la responsabilidad penal de las personas jurídicas responsables de los hechos. En este caso se prevé expresamente que, además de la pena de multa, los Jueces y Tribunales puedan imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del artículo 33.7 del Código Penal. Ello podría provocar, entre otras consecuencias penales, la disolución del partido político condenado.