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Responsabilidad penal.

La reforma del Código Penal operada en 2015 ha supuesto cambios en relación con la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico penal en el año 2010. En este sentido, se ha dotado de nueva redacción al artículo 31 bis, al que además acompañan los artículos 31 ter, quater y quinquies.

El nuevo artículo 31.1 bis sienta la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los hechos cometidos por sus directivos o por sus empleados, siguiendo el tenor del precepto precedente, que ya establecía un sistema de responsabilidad vicarial. Sin embargo, introduce distintas modificaciones.

En primer lugar, en el artículo 31.1.a) bis se sustituye la expresión «representantes legales y administradores de hecho o de derecho» por «representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma». Estos cambios afectan a la individualización de los «directivos», pues el reemplazo de la expresión tradicional «administrador de hecho» por la nueva terminología técnica amplía el ámbito de aplicación de la responsabilidad. Sin embargo, el artículo 31 del Código Penal mantiene el tenor anterior a la reforma -«el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica»-.

Por su parte, se introduce la letra b) en el mismo artículo, siguiendo el tenor anterior a la reforma, responsabilizando a la persona jurídica por los delitos cometidos por sus empleados «en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta […] de las mismas». A lo anterior, la reforma ha concretado la culpa in vigilando al expresar que tales hechos hayan podido realizarse «por haberse incumplido gravemente [por los directivos] los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad» atendidas las circunstancias concretas de cada caso.

En ambos casos, el nuevo texto ha sustituido la expresión «en provecho» de la persona jurídica por una más acertada referida al «beneficio directo o indirecto» de aquella, que incluye la obtención de un beneficio o ventaja de cualquier clase.

El nuevo artículo 31.2 bis otorga consideración a los compliance programs, dotando de nuevo alcance al contenido de los «programas de cumplimiento». La norma anterior consideraba atenuante la circunstancia de que, una vez cometido el delito pero antes del comienzo del juicio oral, los representantes legales de la persona jurídica establecieran este tipo de programas -antiguo artículo 31.4.d) bis del Código Penal-. Hoy, la persona jurídica «quedará exenta de responsabilidad penal» cuando el delito hubiera sido cometido por los directivos siempre que, acumulativamente:

i) el órgano de administración hubiera adoptado y ejecutado eficazmente «antes de la comisión del delito», modelos de organización y gestión contenedores de «medidas de vigilancia y control idóneas» para prevenir o reducir el riego de delitos de la misma naturaleza;

ii) la supervisión del cumplimiento del modelo de prevención haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos o que tenga legalmente encomendada la función de supervisarlos -el abogado de empresa o in house, o un abogado externo junto con un comité-;

iii) los autores individuales hayan cometido el delito «eludiendo fraudulentamente los modelos» de prevención;

iv) y que no se haya producido una omisión o negligencia en las funciones de supervisión, vigilancia y control.

Cuando estas circunstancias cumulativas se acrediten parcialmente, se valorará a los efectos de atenuación de la pena.

Por su parte, el artículo 31.4 bis establece que, cuando el delito haya sido cometido por empleados, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad siempre que, antes de la comisión del delito, se haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado. Igualmente, cuando esta circunstancia se acredite parcialmente, se valorará a los efectos de atenuación de la penas.

El artículo 31 ter regula pormenorizadamente los efectos comunes de la trasferencia de responsabilidad penal entre los directivos o los empleados y la persona jurídica. En puridad es el resultado del intento del legislador por sistematizar el Derecho penal material referido a las personas jurídicas, pues extrae los apartados segundo y tercero del antiguo artículo 31 bis para dotarlos de sustantividad propia en el nuevo artículo 31 ter, pero no introduce ninguna novedad.

Idéntico comentario merece el nuevo artículo 31 quater, que dota de sustantividad propia al antiguo apartado cuarto del artículo 31 bis, referido a las circunstancias atenuantes, sin introducir ninguna novedad.

Pudiera parecer que las mismas consideraciones merece el nuevo artículo 31 quinquies, que dota de sustantividad propia al antiguo apartado quinto del artículo 31 bis, reproduciéndolo prácticamente en su totalidad, y referido a los supuestos de no aplicación. Al respecto hay que señalar, primero, que tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, se mantiene la exclusión de los partidos políticos de los supuestos de no aplicación, introducida en el año 2012. Pero además, el nuevo artículo 31 quinquies ya no excluye genéricamente a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presenten servicios de interés económico general. En este sentido, el apartado segundo del precepto sujeta a estas sociedades a responsabilidad penal, si bien limitando el abanico de sanciones a las penas previstas en las letras a) y g) del artículo 33.7 del Código Penal -multa por cuotas o proporcional, e intervención judicial para salvaguardar intereses de trabajadores y acreedores por plazo máximo de cinco años-. No obstante, y siguiendo el tenor anterior a la reforma, ninguna limitación será aplicable cuando el Juez o el Tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada con el único propósito de eludir por esta vía eventuales responsabilidades.

Corporate compliance y prevención

En todo caso, el propio artículo 31.5 bis establece los requisitos que deberán reunir los modelos de organización y gestión para ser considerados eximente o, en su caso, atenuante de la responsabilidad criminal de la persona jurídica.

Jurisprudencia sobre Derechos Fundamentales de la Persona Jurídica

Sala de lo Social del TS, Sentencia núm. 172/2017, de 28 de febrero (Rec. 103/2016, Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández)

Derechos fundamentales, derecho al honor de la empresa, conflicto con derecho a la libertad de expresión sindical