ÁMBITO SUBJETIVO

EMPRESAS            PARTIDOS POLÍTICOS                          ORGANISMOS COMPETENTES

 

El artículo 31 bis establece dos supuestos en los que las personas jurídicas son penalmente responsables:

En primer lugar, cuando el delito sea cometido en su nombre o por su cuenta, por las personas autorizadas para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control en la misma, reportándole un beneficio directo o indirecto.

De otro lado, cuando el delito haya sido cometido por personas sometidas a la autoridad de las personas físicas anteriores, siempre y cuando lo hayan podido realizar por haber éstas incumplido gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad. Se establece así una excusa absolutoria de responsabilidad penal, cual es que quede acreditado que su órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión para prevenir esa clase de delitos. [Leer más]

Por su parte, el artículo 31 ter puntualiza que la responsabilidad de la persona jurídica es exigible se individualice o no la concreta persona física responsable del delito.

De esta forma, a excepción de los supuestos en los que la persona jurídica haya sido creada exprofeso con la intención de cometer delitos, esto es, de servir de “pantalla” o “fachada” a las personas físicas que los cometen (en cuyo caso solo habría de perseguirse a esa persona física, quedando al margen cualquier responsabilidad de la persona jurídica), ésta puede ser responsable de los delitos en los que así lo permita expresamente el Código Penal, especialmente, como previene el Preámbulo de la Ley 1/2015, en las figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos…).

Para combatir estos delitos, se han creado, a nivel nacional y europeo, diversos órganos con competencias en la materia. [Leer más]

En relación con todo lo anterior, el artículo 31 quinquies establece que estas disposiciones no son aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas, y limita las responsabilidades en el caso de las Sociedades mercantiles públicas. El texto de 2010 excluía expresamente a partidos políticos y sindicatos, pero esta exclusión fue eliminada en 2012, momento desde el cual el ámbito subjetivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se circunscribe, a grandes rasgos, en torno a las empresas y los partidos políticos.