El proyecto

Hipótesis de partida

Nuestra hipótesis de partida radica en las incógnitas sobre el régimen procesal para la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la entrada en vigor de la LO 5/2010, y a la luz de las recientes LO 1/2015 y Ley 41/2015.

Los problemas que se pueden suscitar con ocasión de la investigación criminal sobre una persona jurídica, o en relación con la garantía de sus derechos procesales en el momento en que sea imputada son, sin embargo, de gran calado. Prueba de ello hace la escasa aplicación de este régimen de responsabilidad penal durante el lustro transcurrido desde su entrada en vigor.

De entre los supuestos de responsabilidad penal de personas jurídicas, la imputación de empresas reviste una especial trascendencia socio-económica. Pensemos, por ejemplo, en que ya solo la eventual necesidad de adoptar medidas cautelares influirá en la continuidad de la actividad o en su presencia en el mercado. Ello puede poner de manifiesto la necesidad de contar con criterios para la decisión judicial que no desconozcan la necesidad o la conveniencia de mantener la viabilidad económica de la empresa, siempre que sea compatible con la defensa del interés público.

La cuestión ya había planteado con anterioridad a la reforma penal, en tanto premisa necesaria para que esta pudiera ser efectiva. Algunos de los miembros del equipo (Pérez Gil, Pedraz Penalva) nos manifestamos en ese sentido en la ponencia presentada en el seminario celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid (marzo 2010), dirigido por Álvarez García, también integrante de este equipo.

Sobre la premisa de la ausencia de disposiciones procesales al respecto, el proyecto afronta la cuestión de manera novedosa. Nuestro propósito es remarcar la necesidad de recurrir a una interpretación integral del ordenamiento procesal, en la que encuentre hueco la perspectiva propia de otras disciplinas jurídicas como son la penal, la civil y la mercantil. Ante la laguna legal, la respuesta jurisdiccional en el marco del proceso penal habrá de sustentarse sobre las garantías generales de que este se halla dotado, pero también sobre la aplicación analógica de unas normas procesales penales ideadas para la imputación individual.

De entre todas las personas jurídicas susceptibles de ser investigadas e imputadas hemos fijado nuestra atención en la empresa, en la medida en que su imputación podría acarrear evidentes.

Objetivos

Los objetivos concretos del proyecto son:

  • Sistematizar un estatuto jurídico procesal de la empresa criminalmente imputada mediante el que se pueda suplir alguna de las lagunas legales. Tomará por base un enfoque multidisciplinar (procesal, penal, civil, mercantil) y se servirá del derecho comparado como referente.

  • Analizar los cauces para la adopción de medidas cautelares y para la ejecución de las consecuencias jurídicas derivadas de la declaración de responsabilidad penal de la empresa (persona jurídica). Se indagará sobre las vías que permitan compatibilizar (en la medida de lo posible) la continuidad de la actividad empresarial con la adopción de medidas cautelares o la ejecución de las penas o la responsabilidad civil impuesta. Se abordarán también las interrelaciones entre el proceso concursal y los procesos penales contra empresas.

  • Analizar empíricamente las dificultades y las respuestas de índole procesal que se susciten ante los órganos judiciales españoles durante los cinco primeros años de vigencia del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Singularmente se realizará una valoración relativa a las empresas.

  • Elaborar propuestas concretas de reforma legislativa, tanto en relación con las normas actualmente vigentes como, sobre todo, con vistas a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Investigador principal

  • Julio Pérez Gil (Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Burgos)

Proceso penal contra empresas

(Proyecto I+D DER2011-27825)

Universidad de Burgos

 

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Pablo Rivera Rodríguez