Decomiso

DECOMISO COMO MEDIDA CAUTELAR

La reforma introducida por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha trasladado el tenor del antiguo artículo 374.1.2ª del Código Penal al nuevo artículo 127.1 octiesdel mismo texto. De esta manera, el ámbito de aplicación de esta norma procesal incluida en el articulado del Código Penal se amplía de la esfera del narcotráfico al catálogo de delitos enunciado en el artículo 127 bis del mismo texto.

En virtud del precepto referido, y a fin de garantizar la efectividad del decomiso, «los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias».

El decomiso como embargo preventivo viene previsto en el artículo 2 de la Propuesta de Directiva de 12 de marzo de 2012, que lo define como «la prohibición temporal de transferir, destruir, convertir, disponer o poner en circulación bienes, o la custodia o el control temporales de bienes». En lo que respecta a la autoridad competente para acordar el embargo preventivo en estos términos, el artículo 7 de la Propuesta de Directiva se refiere a los órganos jurisdiccionales, con la previsión de que ante el alto riesgo de destrucción de estos bienes, sean otras autoridades -como pueda ser el Ministerio Fiscal- las que puedan acordar el embargo «antes de solicitar la orden judicial o en espera de esta», siempre que la decisión sea ratificada jurisdiccionalmente lo antes posible.

La regulación de la medida cautelar prevista en el artículo 127.1 octies del Código Penal es insuficiente y debe completarse con lo dispuesto en la Ley de Enjuicimiento Criminal. La norma procesal regula con detalle la destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales -que tras la reforma del Código Penal también está regulada en el nuevo artículo 127.2 octies-, pero no regula el contenido ni el alcance de las medidas cautelares. Estando así las cosas, la solución pasa por aplicar analógicamente la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla el embargo preventivo en el artículo 727.1ª, resultando aplicables el Título VI (Libro III) en conexión con el Capítulo III del Título IV (Libro III).

En conexión con el párrafo anterior, el artículo 127.2 octies del Código Penal regula la realización anticipada y su posible utilización provisional, cuyo régimen debe completarse con lo expuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 367 bis y siguientes). Y el artículo 127.3 octies del mismo texto regla el destino definitivo de lo decomisado, disponiendo al efecto que serán adjudicados al Estado, que les dará el destino legal o reglamentariamente dispuesto, «salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas».

Ello no obstante, la regla 2ª del nuevo artículo 374 del Código Penal, mantiene que «los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado», como hacía el antiguo apartado cuarto del mismo precepto.

DECOMISO COMO PENA ACCESORIA

El Título IV del Libro I del Código Penal, bajo la rúbrica «De las consecuencias accesorias», regula en los artículos 127 y siguientes la institución del comiso, modificados o introducidos ex novo por la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo.

En virtud del artículo 127 del Código Penal, «toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes de delito» (decomiso directo) con independencia de las transformaciones que hubieran experimentado (decomiso indirecto). La misma consecuencia accesoria llevan aparejadas las condenas de prisión superiores a un año por la comisión de un delito imprudente.

Cuando no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en el párrafo anterior, el artículo 127.3 del Código Penal prevé el decomiso «de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos [de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado el delito], y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos». Idéntico proceder tendrá lugar cuando «se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición».

MÁS ALLÁ DEL «DECOMISO SIN SENTENCIA

El artículo 127 ter del Código Penal regula con mayor amplitud que el antiguo artículo 127.4 del mismo texto el «decomiso sin sentencia» -o «decomisió autónomo», ex artículo 803 ter LECrim-. En su virtud, el órgano jurisdiccional podrá acordar el decomiso aunque no medie sentencia de condena «cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio» y se trate de alguno de los siguientes supuestos:

i) que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento, corriendo el riesgo de que puedan prescribir los hechos;

ii) que el sujeto se encuentre en rebeldía, impidiendo que los hechos puedan enjuiciarse en un plazo razonable; o

iii) que no proceda condena por estar sujeto exento de responsabilidad criminal, o por haberse extinguido.

En cualquier caso, el «decomiso sin sentencia» únicamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado respecto del que existan indicios racionales de criminalidad, resultando imposible la continuación del procedimiento penal por concurrir alguna de las circunstancias anteriores.

Las normas procesales que regulan el procedimiento de decomiso autónomo hay que buscarlas en los nuevos artículos 803 ter LECrim, introducidos por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. En síntesis, al procedimiento de decomiso autónomo serán aplicables las normas que regulan el juicio verbal -Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, con las especialidades contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este procedimiento, en conexión con el contenido de la reforma del Código Penal, tiene por finalidad incautarse de los bienes procedentes de un delito cuyo autor ha fallecido, o no puede ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o ser inimputable. El Ministerio Fiscal es el único legitimado para ejercitar la acción (artículo 803 ter h), con demanda y contestación escritas y posibilidad de solicitar medidas cautelares (artículos 803 ter l y m). Y será competente para resolver el órgano de enjuiciamiento, que desarrollará el juicio conforme a lo dispuesto en el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 803 ter o).

El derecho a la asistencia letrada del encausado resulta extensible a todas las personas cuyos bienes o derechos puedan hallarse afectados por el decomiso (artículo 803 ter i).La sentencia de decomiso desplegará los efectos materiales de la cosa juzgada (artículo 803 ter p), siendo aplicables en el procedimiento las normas reguladoras de los recursos aplicables al proceso penal abreviado y de la revisión de sentencias firmes (artículo 803 ter r).

Los artículos 127 bis 127 quinquies del Código Penal reglan el «decomiso ampliado», figura recogida en la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril. El primero viene referido a los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona «condenada por alguno de los siguientes delitos cuando [el juez o tribunal] resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito». El segundo se refiere a los bienes, efectos y ganancias «provenientes de la actividad delictiva previa del condenado [por uno de los delitos referidos en el artículo 127 bis] y siempre que se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

i) que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada;

ii) que existan indicios fundados de que una parte relevante del penado procede de una actividad delictiva previa.

Ambos preceptos toman como «indicios fundados» la desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito del condenado; la ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de testaferros o paraísos fiscales; la transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino, y que al tiempo carezcan de justificación legal o económica válida.

El esquema se cierra con las disposiciones del artículo 127 sexies, que en relación con el artículo 127 quinquies, establece una serie de presunciones que tan solo podrán ser desvirtuadas por el órgano jurisdiccional cuando en circunstancias concretas del caso «se revelen incorrectas o desproporcionadas».

En fin, el artículo 127 quater regula el «decomiso de terceros». Así, los órganos jurisdiccionales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias «que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos». La aplicación de este precepto exige que, en el caso de efectos y ganancias, el tercero los hubiera adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita [o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospecharlo]. Y en el caso de los bienes, cuando hubieran sido adquiridos con conocimiento de que así se dificultaba su decomiso [o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospecharlo].

El apartado segundo de este precepto establece la presunción iuris tantum de que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar tales circunstancias.

Los aspectos procesales de la llamada a terceros al proceso penal vienen regulados en los nuevos artículos 803 ter a-d de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su virtud, el tercero afectado por el decomiso podrá participar en el proceso desde que se hubiera acordado su intervención, y siempre con preceptiva asistencia letrada. La participación vendrá limitada a los aspectos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación jurídica.

La incomparecencia del tercero provocará su declaración en rebeldía, que se regirá por las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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