ÁMBITO OBJETIVO

Caso DEFEX

Espectro delictivo de las empresas y los partidos políticos

  • Delitos contra las personas.

Art. 156 bis CP (tráfico ilegal de órganos)

Art. 177 bis CP (trata de seres humanos)

Arts. 187 y siguientes CP (prostitución)

  • Delitos contra la intimidad.

Arts. 197 y siguientes (descubrimiento y revelación de secretos)

  • Delitos contra el orden socioeconómico. CASOS

Arts. 248 y siguientes CP (estafas)

Arts. 257 y siguientes CP (alzamiento de bienes y frustración de la ejecución)

Arts. 259 y siguientes CP (insolvencias punibles)

Arts. 264 y siguientes CP (daños informáticos)

Arts. 301 y siguientes CP (blanqueo de capitales)

Art. 386 CP (falsificación de moneda)

  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

Arts. 270 y siguientes CP

  • Delitos contra la salud pública y el medioambiente.

Arts. 325 y siguientes CP (delitos medioambientales)

Arts. 341 y siguientes CP (seguridad colectiva)

Arts. 359 y siguientes CP (salud pública)

  • Delitos de corrupción.   CASOS

Art. 304 bis CP (financiación ilegal de partidos políticos)

Arts. 305 y siguientes CP (delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social)

Art. 319 CP (delitos en materia de ordenación y urbanismo)

Arts. 419 y siguientes CP (cohecho)

Arts. 428 y siguientes CP (tráfico de influencias)

  • Delitos de contrabando.

Art. 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando

Art. 318 bis CP (delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros)

Art. 510 bis CP (delitos contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales)

Art. 576 CP (terrorismo)

  • Reforma reciente del Código Penal

El 12 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal para trasponer las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo número 2014/57/UE de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la 2017/541/UE de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y la 2017/1371, de 5 de julio de 2017. Los preceptos que han resultado modificados son los siguientes:

Art. 156 bis CP (tráfico de órganos)

Art. 284 (delitos contra el mercado)

Art. 285 CP (comunicación ilícita de información privilegiada) Se incluyen arts. 285 bis, ter y quater

Art. 286 bis CP (corrupción entre particulares)

Art. 288 CP (delitos relativos a la propiedad industrial e intelectual, al mercado y a los consumidores: disposiciones comunes)

Art. 305 CP (delitos contra la Hacienda Pública)

Art. 308 CP (fraude de subvenciones)

Art. 386 CP (moneda falsa)

Art. 423 CP (delito de cohecho)

Art. 427 CP (delito de cohecho)

Art. 435 CP (delito de malversación)

Art. 572 CP (organización o grupo terrorista)

Art. 573 CP (delito de terrorismo)

Art. 575 CP (delito de terrorismo)

Art. 580 CP (delito de terrorismo)

 

Penalidad y prescripción.

El apartado séptimo del artículo 33 del Código Penal establece las penas que, conforme a la responsabilidad penal imputable ex artículo 31 bis, resultan aplicables a las personas jurídicas. La pena que encabeza el listado taxativo de sanciones no es otra distinta a la multa, ya sea por cuotas o proporcional. Pero también puede imponerse la disolución de la persona jurídica; la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales y establecimientos por plazo máximo de cinco años; la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya «cometido, favorecido o encubierto el delito» con carácter temporal por tiempo máximo de 15 años, o con carácter definitivo; la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratos con el sector público  beneficios de la Seguridad Social por tiempo máximo de 15 años; o la intervención judicial para salvaguardar los derechos de trabajadores y acreedores por tiempo máximo de cinco años. En todo caso tendrán la consideración de «graves».

Todo lo anterior, cuando el artículo 131 del mismo cuerpo legal establece los plazos de prescripción de los delitos, lo hace tomando en consideración no la calificación de las penas, sino su naturaleza. En este sentido, el art. 131.1 del Código Penal determina plazos de prescripción de 20, 15 y 10 años en atención a la pena máxima -o a la horquilla- de prisión señalada para el delito, o en atención a la pena máxima -o a la horquilla- de inhabilitación. Al margen de lo anterior, el último párrafo del citado precepto dispone un plazo residual al establecer que «los demás delitos» prescriben a los cinco años.

Fruto de la interpretación gramatical, y en todo caso restrictiva conforme a los principios inspiradores del Derecho penal, cabe entender que los delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, y por razón de la naturaleza de las penas que en su caso se impongan, deberían incluirse dentro de la expresión «los demás delitos», y por tanto prescribirían a los cinco años. Ello porque, naturalmente, no puede imponerse a una persona jurídica una pena privativa de libertad o una pena de inhabilitación en sentido estricto, criterios que toma el artículo 131.1 del Código Penal para determinar los distintos plazos de prescripción «generales».

Otras causas de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La reforma del Código Penal operada en el año 2010 introdujo el apartado segundo del artículo 130, en cuya virtud «la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal». Esta se trasladará a la entidad o entidades resultantes, en función de la proporción que la persona jurídica original guarde con ellas.

Este primer párrafo del artículo 130.2 tiene como finalidad regular la sucesión, total o parcial, en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, la amplitud de su tenor podría provocar situaciones injustas, en tanto stricto sensu podría suponer la extensión de la responsabilidad penal a nuevos socios que nada tuvieran que ver con los hechos determinantes de la responsabilidad penal de la persona juridica originaria. Precisamente, para evitarlo, el propio párrafo incluye in fine la posibilidad de que los Jueces o Tribunales modulen esta extensión en proporción a la participación que guarden entre sí la nueva entidad y la persona jurídica originaria.

Asimismo, otras operaciones mercantiles encubiertas como la disolución «meramente aparente» no extinguirán la responsabilidad penal. A tenor del Código Penal, existirán esta clase operaciones cuando se continúe la actividad económica, con mantenimiento de la identidad -o de la parte más relevante- de clientes, proveedores y empleados, pese a la pretendida disolución encubierta.

El seguno párrafo del artículo 130.2 pretende abordar en toda su extensión el problema de la disolución aparente. Del tenor literal de este párrafo se desprenden distintas ideas. En primer lugar, se busca evitar que la mera disolución sea causa de extinción de la responsabilidad penal. Para ello, el Código Penal establece una presunción iuris et de iure de disolución encubierta, que en todo caso lo será cuando una nueva persona jurídica presente identidad, siquiera sustancial, de clientes, proveedores y empleados. En fin, interpretado el precepto en senitdo contrario, la disolución «auténtica» sí será causa de extinción de la responsbailidad penal, como también lo es la muerte de la persona física.